L'impost a les grans fortunes, a debat

El Gobierno de España ha aprobado – y aplicará a partir de enero de 2023 – un nuevo impuesto sobre las “grandes fortunas”, considerando como tales aquellas superiores a 3 millones de euros. Se ha justificado en que “quien más tiene, más paga”, y que este principio es de especial importancia en el contexto socioeconómico actual. También se ha argumentado afirmando que de este modo el Estado verá aumentados sus ingresos únicamente a partir de los ricos, pero lo cierto es que de este nuevo impuesto se pueden derivar un seguido de consecuencias dignas de analizar.

” […] no es un impuesto sobre las rentas, sino sobre la propiedad […]”

En primer lugar, cabe destacar que este impuesto no es un impuesto sobre las rentas, sino sobre la propiedad; es decir, no grava los ingresos, sino el patrimonio. Por lo tanto, el capital o los bienes que suponen la base imponible de este tributo ya han sido previamente gravados mediante otros impuestos en el momento de su obtención u adquisición -IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, IVA, etc-, en función de cómo se hayan obtenido los ingresos o bienes en cuestión.

Adicionalmente, en España ya existe el Impuesto de Patrimonio, que grava todos los patrimonios superiores a 700.000€, y en los que se incluyen algunos activos no liquidables – excepto en Cataluña, que es a partir de 500.000€, y la Comunidad de Madrid, donde el tributo no se aplica -. Por lo tanto, el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas será una duplicidad respecto al impuesto sobre el patrimonio, de modo que aquellas fortunas superiores a 3 millones de euros tendrán que afrontar dos impuestos sobre el mismo hecho imponible – el patrimonio -, que a su vez ya ha ha sido gravado por otros impuestos previamente.

Gràfic de l’impost sobre el patrimoni per comunitats. Font: Newtral.  

Además de España, únicamente en 3 países de la Unión Europea – Francia, Italia y Holanda – existe un impuesto sobre el patrimonio o sobre las grandes fortunas, y en ningún caso existen ambos simultáneamente. Por lo tanto, la fiscalidad española penaliza el hecho de enriquecerse y demuestra que la protección de la propiedad no es especialmente fuerte. Si además tenemos en cuenta el elevado esfuerzo fiscal al que están sometidos los ciudadanos y empresas españoles – más allá de los dos impuestos mencionados -, y las estrictas regulaciones laborales y mercantiles existentes; todo ello en conjunto hace que España no sea vista como un lugar atractivo para la inversión y el desarrollo de proyectos empresariales con alto potencial.

Con medidas como las mencionadas se ahuyenta a los inversores y a los profesionales altamente cualificados, bien sea desincentivando la atracción de aquellos que potencialmente podrían venir, como provocando la fuga de los que ya se encontraban en España. Es natural que todos ellos, nacionales y extranjeros, apuesten por desarrollar sus proyectos en países con una fiscalidad más moderada y una mayor seguridad jurídica.

“[…] la fiscalidad española penaliza el hecho de enriquecerse […]”

Por lo tanto, la fuga de capitales, la fuga de cerebros y la pérdida de empleos fruto de las políticas fiscales agresivas – además de las consecuencias sociales derivadas, como por ejemplo un mayor desempleo – pueden llegar a suponer que la recaudación sea inferior tras aplicar impuestos como el de patrimonio o el de las grandes fortunas que antes de la aprobación de los mismos. 

Tras este fenómeno, los gobernantes suelen dedicarse a fomentar el odio hacia “los ricos insolidarios que huyen a paraísos fiscales”, en lugar de reflexionar. Es entonces cuando, ante la caída de la recaudación, se deben aplicar nuevos impuestos al grueso de la población o, como alternativa, recurrir a la financiación a través de deuda pública. Es decir, que las propuestas populistas de los políticos, adornadas bajo el lema “que paguen los ricos”, acaban haciéndonos pagar a todos.